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¿Cómo podemos celebrar la Junta General de Socios de nuestra Sociedad Limitada de una forma más sencilla?

Este artículo resume algunas consideraciones sobre la implementación de las nuevas tecnologías en la convocatoria y celebración de las juntas generales de socios en la Sociedad Limitada y plantea las ventajas, desventajas y problemática actual de dicha implementación. Además, propone soluciones prácticas para que se puedan convocar y celebrar juntas generales aplicando las nuevas tecnologías de una manera segura.


Aunque parece que la intención del legislador es introducir el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones intrasocietarias, al ser las leyes poco precisas y no haber jurisprudencia, las sociedades tienen reticencias en implementar el uso de las mismas por recelo a que se impugnen sus actuaciones. 

Actualmente, la tendencia general de todos los países es la de dar opción a que las sociedades utilicen las nuevas tecnologías en su día a día, pero sin llegar al extremo de obligarlas a ello. Aunque, cabe destacar algunos ejemplos en que ya se obliga a que la Sociedad presente formularios telemáticamente, como es el caso de algunas relaciones con la Agencia Tributaria Española.

A continuación mencionaremos las consideraciones más relevantes de la implementación de las nuevas tecnologías en la celebración de una Junta General de Socios (“Junta General”):

1) La convocatoria

Según la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (“LSRL”), los estatutos pueden establecer que la convocatoria de la Junta General puede hacerse “mediante cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el Libro registro de socios”. 

¿Esto significa que podemos convocar una Junta General enviando un e-mail a cada uno de los socios? Para responder a ello debemos tener en cuenta diversos factores:

  • En primer lugar, el envío del e-mail cumpliría con los requisitos de comunicación individual y escrita (firma electrónica reconocida por parte de la sociedad).
  • Más problemática es la condición del aseguramiento de la recepción del e-mail por parte del socio. Partiendo de la premisa de que en condiciones normales, un e-mail enviado es recibido por su destinatario, es difícil probar dicha recepción en caso que la Junta General fuera impugnada por un defecto de convocatoria, único caso en el que se nos podría requerir dicho acuse de recibo. Aunque la Sociedad solicite un acuse de recibo del e-mail enviado, dicho acuse depende únicamente de la voluntad del socio receptor, salvo en los casos en los que la Sociedad disponga de un sistema que permita certificar el envío y recepción de los mismos (sistemas que hoy en día ya existen).
  • Tal y como se establece en el artículo del  Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España sobre “Las Comunicaciones Electrónicas Intrasocietarias”, para poder convocar la Junta General mediante e-mail, sería necesario el establecimiento de un pacto estatutario que estableciera como forma de convocatoria la remisión informática de la misma a la dirección de correo electrónico señalada por los socios en el Libro Registro de Socios, regulando siempre los puntos sensibles a la seguridad. Cabe apuntar que, teniendo en cuenta que la LSRL en ningún momento obliga a los socios a disponer de una dirección de e-mail, sería necesario imponer en los estatutos una prestación accesoria con carácter obligatorio según la cual los socios se obligan a mantener dicha dirección, a través del cual la sociedad realizará las comunicaciones a los socios. Habrá que ir con cautela al redactar esta cláusula, ya que podría llegar a ser abusiva. Por ello, cabe indicar que en el Artículo de los Registradores referenciado se exponen ejemplos de cláusulas estatutarias que serían inscribibles en el Registro.

2) Derecho de información por parte de los socios

En nuestro ordenamiento jurídico, los socios tienen derecho a solicitar información previamente a la Junta General, y la Sociedad tiene, en general, la obligación de facilitarla. ¿Se puede en estos casos requerir y facilitar la información mediante e-mail? En ambos casos la respuesta es afirmativa. En el primer caso, al ser necesario que el socio demuestre su legitimidad al solicitar la información, será preciso que acompañe a su solicitud la firma electrónica reconocida, siendo hoy en día equiparable a la firma autógrafa (ver artículo relacionado con la firma electrónica de nuestro boletín nº 10 de marzo-abril 2004). Respecto a facilitar la documentación solicitada también se podrá enviar por e-mail, pero teniendo el socio siempre la opción de requerir que le sea enviada por otro medio, ya que sino, se estaría limitando el derecho de examen a los socios.

3) El voto: delegación y voto a distancia

Se puede delegar el voto siempre que sea por escrito y, si no consta en documento público, deberá ser especial para cada junta. En el caso de delegar el voto de forma electrónica, será necesario que la sociedad no tenga duda alguna sobre la autoría del delegante. Para ello, en este caso, el socio necesitará también una firma electrónica reconocida.

Por otra parte, teniendo en cuenta que según la Ley de Sociedades Anónimas (“LSA”) los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución como presentes, se podría deducir que en sede de Sociedad Limitada los estatutos podrían prever lo mismo, ya que, en líneas generales, el legislador pretende que la regulación de este tipo de sociedades sea más flexible y que la autonomía de la voluntad sea mucho más amplia.

4) Celebración de la Junta General; algunos apuntes sobre la Junta General virtual

Analizando la doctrina cabe señalar que hay una divergencia notable entre las opiniones respecto a la legalidad de celebrar una Junta General virtual, ya que la LSRL presupone la presencia física de los asistentes en un lugar determinado.

Independientemente de la analogía que se comenta en el punto anterior de la LSA en la LSRL, cabe afirmar que en la actualidad ya es aceptado que una Junta General se celebre mediante videoconferencia, siempre y cuando (i) los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real de lo que ocurra, (ii) los socios puedan intervenir desde la distancia de manera efectiva y ejercitar su derecho de voto y (iii) los socios se encuentren en el lugar que disponga los estatutos o, en el lugar que se haya decidido dentro del término municipal del domicilio social de la Sociedad, aunque estén en distintas salas.

Según el Artículo de los Registradores, siendo en principio la Junta General una reunión de socios en la que los mismos intercambian opiniones y deliberan sobre las mismas, no es un error afirmar que, “para que haya sesión lo esencial es que exista posibilidad de intercambio de pareceres y la deliberación en un mismo momento temporal; aunque la declaración de voluntad se produzca entre personas no presentes”. Por tanto, aunque echamos de menos más contundencia al respecto, entendemos que se aleja de la obligatoriedad de la presencia física.

Algunos autores más atrevidos, como José Mª Muñoz Paredes, van más allá y consideran que la LSRL da la suficiente libertad a los socios para que establezcan en los estatutos dónde puede celebrarse la junta, afirmando que, debido a ello, la Junta General virtual es totalmente legítima. Lo único que no se puede eliminar es el derecho del socio a asistir físicamente a la Junta General. Siendo un derecho el poder asistir a la Junta General físicamente y no una obligación, el hecho de que ningún socio asista a físicamente no implicará que la misma no sea válida, siempre y cuando se cumpla el quórum exigido legalmente.

Por ello, no debería haber duda respecto a la licitud de las Junta General universales virtuales, ya que cumplen con el siguiente requisito de dichas Junta General “quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma; pudiéndose reunir en cualquier lugar nacional o extranjero”. Pero es una corriente doctrinal y no hay unanimidad de la doctrina. En nuestra opinión, consideramos que podría comportar problemas la firma de la lista de asistentes, obligatoria en la celebración de las Junta General universales, pero se podría intentar buscar alguna solución tecnológica (por ejemplo, la firma electrónica como se ha mencionado) para solventarla.

5) Conclusiones

Para poder implementar las nuevas tecnologías en las relaciones intrasocietarias entre la Sociedad y los socios concluimos lo siguiente:

  • Será imprescindible que los estatutos prevean el uso de las nuevas tecnologías en cada caso de una forma clara y concisa para evitar conflictos en la interpretación. 
  • La Sociedad debería habilitar una dirección de correo electrónico para recibir las comunicaciones de los socios y, tanto la Sociedad como los socios, disponer de una firma electrónica reconocida, trámite que actualmente es ágil y puede servir para realizar muchos otros trámites (por ejemplo, la presentación de impuestos).
  • Teniendo en cuenta la dificultad de probar la recepción de un correo electrónico, tal y como hemos comentado anteriormente, la sociedad debería establecer un sistema que permita certificar el envío y recepción de los mismos para convocar las Junta General mediante e-mail. Asimismo, para casos en los que pueden surgir complicaciones por desavenencias de los socios, creemos oportuno dejar abierta la posibilidad en los estatutos de convocar la junta mediante burofax o cualquier otro sistema que asegure la recepción y certifique el contenido.

Interpretando ampliamente la LSRL, considerando que el objeto de la Junta General es una reunión de socios en la que los mismos intercambian opiniones y deliberan y toman decisiones sobre las mismas, y que el legislador da pie a que se utilicen los medios tecnológicos en las relaciones intrasocietarias, consideramos que las Junta General virtuales deberían ser legítimas, siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados anteriormente, y estableciendo algún mecanismo para recoger las firmas de los socios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hay una posición clara en la doctrina ni tampoco existe jurisprudencia al respecto.

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