Nuestras venas son las carreteras por las que circulamos y las redes de comunicaciones electrónicas son nuestro sistema nervioso. Y más ahora que están conectadas hasta el último hogar o dispositivo móvil. Casi no se nota su presencia física a nuestro alrededor, pero al igual que el sistema nervioso, están en todas partes y dependemos enormemente de ellas. Desde la mayoría de puntos urbanos donde se puede encontrar una persona en el mundo desarrollado, a su alrededor y al mismo tiempo tendrá una línea fija de teléfono e internet, frecuencias de telefonía móvil, de radio, televisión, wifi, satélite y de redes de comunicaciones privadas. Y todas ellas se usan intensamente.
Para entendernos, las redes de nueva generación son aquellas que nos van a permitir descargar un transatlántico por internet fijo o móvil en dos segundos, por ejemplo. Abren un amplio abanico de posibilidades en el entorno de gestión profesional (modelos ASP, cloud computing, etc), empresarial (distribución online de TV, video, juegos, software, etc) y para el usuario (contenidos, web 2.0, etc). Sería como el salto que ya hicimos, pasando del aburrido módem de 64 Kbits/s a la línea de 3 Mbits/s. Todo ello con el claro progreso económico, social y cultural que supone. Existen varios estudios estimando subidas significativas en el PIB – que no nos vendría nada mal - para aquellos países que acierten en sus políticas inversoras en estas infraestructuras.
Es por ello que todos estamos o deberíamos estar interesados en conocer como va a afrontar España este reto, especialmente teniendo en cuenta que no somos los únicos en la carrera y que las distancias ya casi no existen. De lo que hagamos ahora depende nuestro futuro.
Todos queramos las redes de nueva generación pero algún operador tiene que apostar por ellas y afrontar su elevada inversión. Y mucho mejor si son varios. En todos los países europeos nos encontramos un escenario similar: por una parte, el operador dominante derivado del ex-monopolio estatal de las telecomunicaciones y por otra, varios operadores entrantes en ese país (que a menudo son filiales o participadas de operadores que son dominantes en sus países de origen, como por ejemplo France, Deutsche o British Telecom operando en España). En general, cada uno de los operadores dominantes nacionales ha manifestado su voluntad de realizar estas inversiones en su propio país. Telefónica en España y los otros en sus respectivos países. No obstante, no están dispuestos a embarcarse en dichas inversiones sin una normativa clara sobre qué obligaciones les van a ser impuestas por los gobiernos nacionales en cuanto al uso compartido de dichas redes con los operadores entrantes.
Y es que la situación actual tiene su historia. La liberalización de las telecomunicaciones, que empezó en los ochenta, culminó con un sistema por el cual, el operador dominante debía ceder el uso de sus redes de cable de cobre al resto de los operadores entrantes a precio de coste. Especialmente las redes de acceso que es el último tramo de red para llegar al usuario final. Ello debido a que dichas redes habían sido pagadas por el Estado y no era justo que, en un nuevo mercado en competencia, sólo un operador privado se beneficiara de ellas. Los nuevos entrantes debían poder utilizarlas a precio de coste para prestar sus servicios y así fomentar la competencia en el mercado entre varios operadores. Ello sin perjuicio de fomentar, a la vez, que los nuevos entrantes invirtieran en sus propias redes de acceso (caso de ONO en España, por ejemplo).
Ahora, con las redes de nueva generación fijas (principalmente de fibra óptica hasta el hogar), nos encontramos con que, por una parte, son redes nuevas que hay que desplegar y financiar y, por otra, para su tendido se utilizan canalizaciones, conductos y obra civil en su gran parte construidas durante la época del monopolio. Así, por la parte del nuevo tendido e inversión, los operadores dominantes defienden que dicha inversión es nueva, que nada tiene que ver con la red legada de la época del monopolio y, por tanto, como nueva inversión asumida por ellos, no creen que deban compartir dicha red con otros operadores a precio de coste o bajo otras condiciones gravosas. Al otro lado, nos encontramos a los operadores entrantes, quienes defienden que para tender dichas nuevas redes se van a aprovechar todas las canalizaciones y obra civil existente, ésta sí pagada en la época del monopolio con el dinero de todos, y que, por tanto, el operador dominante debe compartirlas bajo unas condiciones reguladas. Defienden que si no se imponen condiciones de compartición de las nuevas redes al operador dominante, en pocos años vamos a volver a una situación de monopolio, dado que dicho operador va a atraer a todos los usuarios. Finalmente, están la administración del estado en sentido amplio, quien debe ponderar, decidir, publicar y hacer cumplir las políticas a aplicar y el ciudadano, último beneficiario e interesado en estas nuevas redes.
El puzzle sólo se puede encajar con un marco de normas que sienten las condiciones adecuadas para conseguir que uno o varios operadores realicen estas fuertes inversiones y que después de las mismas siga existiendo competencia en el mercado, idealmente tanto en infraestructuras como en los servicios prestados utilizando las mismas. Este marco normativo tiene su origen en las directivas europeas sobre telecomunicaciones que actualmente se están revisando, así como en las políticas españolas – especialmente diseñadas por la CMT - que ahora mismo también se están decidiendo.
El pasado 27 de noviembre se reunió el Consejo de Ministros de telecomunicaciones de la Unión Europea para decidir sobre la aprobación de la nueva normativa básica sobre telecomunicaciones. Esta versión ya ha sido revisada y modificada por el Parlamento y la Comisión Europea. Básicamente, se pretende aprobar dos directivas que substituirán las directivas principales sobre la materia aprobadas en 2002. El Consejo de Ministros no aceptó algunos de los cambios propuestos por el Parlamento y la Comisión Europea a estas directivas, entre otras cosas, debido a las siguientes divergencias:
- Mayor independencia de los órganos reguladores nacionales, como nuestra Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que no es aceptada por el Consejo de Ministros.
- Creación de un órgano europeo fuerte regulador de las telecomunicaciones para asegurar la consistencia en la aplicación de la regulación de este sector. El Consejo de Ministros no está de acuerdo con este órgano y prefiere un órgano con mucha menos representación.
- Mayor control y posibilidad de oposición de la Comisión ante las propuestas de los órganos reguladores nacionales de aplicación de remedios ante situaciones de deficiencias de la competencia en este mercado, entre la posición de los operadores dominantes (como Telefónica) y los otros operadores entrantes. El Consejo sólo admite que la Comisión pueda dar su opinión pero no bloquear un remedio.
El conflicto sobre los puntos anteriores no es baladí. El Consejo de Ministros quiere retener el mayor control posible sobre estas políticas estratégicas para decidir sobre su futuro a nivel nacional. Es legítimo y comprensible. No obstante, la Comisión europea quiere garantizar que las normas de cada estado sean acordes a los principios europeos de derecho de la competencia en el mercado único y que no favorezcan especialmente a sus ex-monopolios nacionales en detrimento de los operadores entrantes (como ya hemos dicho, muchas veces filiales o participadas de ex-monopolios de otros países europeos, aunque no siempre). Se quiere evitar que cada país favorezca a su Telefónica correspondiente, para garantizar tener un gran operador, no sólo nacional sino internacional (esto se ha conseguido con Telefónica en los últimos diez años). A menudo se ha barajado la idea de los big players europeos, considerando que, al fin y al cabo, quizá en el mercado único europeo lo que prosperaría sería un grupo reducido de operadoras multinacionales. Quizá es lo que nos convenga para protegernos frente a las operadoras norte americanas, chinas, japonesas o quizá nos conviene defender a los nuevos entrantes en cada país para fomentar la competencia. Nuestras políticas en un mundo de cambios económicos muy acelerados, y ante estas situaciones sobrevenidas, en principio, deben cumplir con el tratado de la unión europea y otras normas nacionales preexistentes; o quizá ahora mismo no nos convenga aplicar todos sus artículos estrictamente.
A nivel nacional la CMT ya ha trazado su camino. En fecha 10 de octubre de este año ya publicó su propuesta de regulación sobre la banda ancha y las redes de fibra óptica que suponen las redes fijas de nueva generación. En relación con la regulación sobre el despliegue de las redes de nueva generación ya ha obtenido la conformidad de la Comisión Europea en varios aspectos. En cuanto a las nuevas redes, la CMT obligará a Telefónica a facilitar el acceso a los otros operadores a sus infraestructuras de obra civil (cámaras, canalizaciones, conductos) con precios orientados a costes. En los casos en que el acceso a la obra civil no sea posible, Telefónica deberá ofrecer a los operadores entrantes capacidad de fibra óptica para ser operada, iluminada por ellos mismos (la llamada fibra oscura). Por otra parte, previsiblemente se determinará que quedan fuera de la regulación aquellas redes de acceso a los usuarios con velocidades superiores a los 30 Mbits/s. Por tanto, Telefónica podría ofrecer las redes con estas velocidades superiores a los otros operadores en base a condiciones de mercado pero no obligatoriamente a precio de coste.
La CMT publicará su resolución definitiva sobre este mercado previsiblemente durante el presente mes de diciembre. Cabe valorar el trabajo de la CMT en esta materia avanzándose a la aprobación de la nueva normativa europea y esperar que las políticas adoptadas surtan sus efectos y aporten el progreso y crecimiento previstos.
