La ley regula las actividades de juego de loterías, apuestas, rifas y concursos y otros juegos, tanto si se prestan desde España como desde el extranjero, dirigidas a personas residentes en España. La Ley prevé que estas actividades se puedan realizar de forma presencial o bien por medios electrónicos, incluyendo internet, televisión, radio, móvil y otros similares. Asimismo, la ley regula la publicidad, promoción y patrocinio de estas actividades.

A continuación analizamos las cuestiones principales incluidas en la nueva ley:

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS: La actividad de juegos queda sujeta a la obtención previa del título habilitante correspondiente otorgado por la Comisión Nacional del Juego. Existen tres tipos de títulos habilitantes: Licencia General, Licencia Singular y Autorización.

·       Licencias Generales: Serán otorgadas mediante un procedimiento de concurso público y autorizarán a los operadores para poder ofrecer algunas de las modalidades de juego clasificadas como loterías, apuestas, rifas, concursos y otros juegos. En principio no hay límite en el número de licencias a otorgar. No obstante, una vez haya concluido este concurso público, no habrá ningún otro concurso público hasta pasados dos años. Esto es muy importante dado que, cualquier operador que esté realmente interesado en realizar alguna de estas actividades en España, deberá esforzarse por obtener una licencia ahora. De otro modo, tendrá que esperar como mínimo dos años para volver a tener esta oportunidad.

·       Licencias Singulares: Estas sólo podrán obtenerlas aquellos operadores que ya cuenten con una Licencia General. Estas licencias autorizarán a los operadores para ofrecer cada tipo de juego en concreto, que esté dentro del marco de los juegos que cubre su licencia general. La ley no contempla la descripción de cada tipo de juego y éstos deberán detallarse en futuras órdenes.

·       Autorización: Se otorgarán para la actividad de juegos con carácter ocasional y esporádico. La ley aún no define los juegos que se autorizarán por esta vía, con lo que debemos esperar al desarrollo de la misma.

Las licencias obtenidas en otros países, aunque sean de la UE, no serán válidas en España.

Publicidad y patrocino: Se prohíbe la publicidad y patrocinio de cualquier actividad de juego de un operador que no cuente con licencia en España.

Cualquier entidad, agencia de publicidad, operador audiovisual, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información (sitio web) que difunda la publicidad o promoción de juegos, directa o indirectamente, previamente deberá comprobar que el operador que le solicita tal publicidad dispone del correspondiente título habilitante.

La Comisión Nacional del Juego podrá requerir a cualquiera de las entidades indicadas para que cese su actividad de publicidad en el plazo de 2 días, sin perjuicio del expediente sancionador que pueda iniciar al respecto. Esta medida va encaminada a erradicar la oferta de cualquier juego y apuesta online o por otros medios, que no cuente con la licencia correspondiente. Puede ser difícil combatir a aquellos operadores que ofrezcan estos servicios a residentes españoles desde otras partes del mundo; no obstante, los medios de comunicación donde se tienen que publicitar para atraer a los usuarios españoles están en España y, por tanto, fácilmente localizables y sancionables si aceptan publicidad o patrocinios ilegales.

REQUISITOS TÉCNICOS: El software, equipos, sistemas, terminales e instrumentos necesarios para el desarrollo de los juegos deberán ser homologados por la Comisión Nacional del Juego. Este aspecto es fundamental dado que tanto operadores nacionales como internacionales deberán adaptar sus plataformas para cumplir con los requisitos técnicos exigidos. Si la homologación de los sistemas técnicos de juego puede afectar al tratamiento de datos personales, se solicitará un informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El sistema técnico para la explotación de juegos por medios electrónicos quedará conformado por una unidad central de juegos. El operador debe tener una réplica de dicha unidad central de juegos para asegurar la continuidad de los juegos con normalidad en el caso de una caída del servicio. La Comisión Nacional del Juego establecerá las condiciones que la unidad central de juegos deba cumplir. En cualquier caso deberá disponer de mecanismos de autenticación, asegurar la confidencialidad e integridad de las comunicaciones, controlar la identidad de los participantes, así como el cómputo de las apuestas.

La unidad central de juego puede estar fuera de España; no obstante, debe poder ser monitorizada desde España por la Comisión Nacional del Juego. Asimismo, ésta debe poder acceder a la unidad central de juego por conexiones seguras en tiempo real que le permitan un control y seguimiento de las actividades del operador.

ESTADO Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS: La Ley del Juego regula aquellos juegos que se celebren en más de una Comunidad Autónoma y para los cuales será competente el Estado. Para los juegos y apuestas celebrados en el territorio de una Comunidad Autónoma ésta será la única competente, tanto si éstos son presenciales como online. Si fueran online sólo los residentes de dicha Comunidad Autónoma podrán jugar.

Cuando un operador solicite una licencia de juego al Estado, éste deberá requerir un informe a la Comunidad Autónoma donde el operador vaya a tener su domicilio social.

La recaudación obtenida por los impuestos sobre el juego online se distribuirá a las Comunidades Autónomas, en proporción a las cantidades jugadas por los residentes de cada Comunidad.

Régimen sancionador: En primer lugar, es importante señalar que la Disposición Transitoria Octava de la ley establece que el régimen sancionador previsto en la Ley entrará en vigor en la fecha de publicación del concurso público para el otorgamiento de las licencias o el 1 de enero de 2012 si dicho concurso aún no se hubiera publicado.

Los operadores serán los principales responsables por cualquier infracción de la ley. Asimismo, también pueden ser responsables aquellas entidades que les den soporte, publiciten, promocionen u obtengan beneficios de las actividades ilegales del juego.

La Comisión Nacional del Juego será la competente para ejercer la potestad sancionadora respecto a las infracciones administrativas previstas en la ley. No obstante, para el procedimiento y sanción a los medios audiovisuales será competente el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. En algunos otros casos pueden ser competentes los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.

Es importante tener en cuenta que la sanción para una infracción leve puede ser de hasta 100.000 Euros; para una de grave de 100.000 a 1 millón de euros con la posibilidad de suspensión de la actividad por un plazo de 6 meses y para una infracción muy grave de 1 millón a 50 millones de euros, con la posibilidad de pérdida del título habilitante y la clausura de los medios por los que se preste el servicio.

Es previsible que en cuanto se otorgue la primera licencia de juego, la Comisión Nacional del Juego actúe con contundencia contra cualquier operador, medio de comunicación o intermediario que obtenga beneficios de su participación en cualquier tipo de juego ilegal. Recordemos que cualquier tipo de juego que no cuente con una licencia otorgada en España será ilegal.

Régimen fiscal: Serán sujetos pasivos de los impuestos del juego las personas o compañías que organicen o desarrollen las actividades gravadas por el impuesto. Serán responsables solidarios del impuesto “quienes ofrezcan, por cualquier medio, actividades de juego a personas con domicilio fiscal en España o quienes obtengan beneficios por el desarrollo del juego” siempre que no hayan comprobado previamente la posesión del título habilitante necesario por parte del operador. También serán responsables solidarios, si no han efectuado la comprobación del título indicada “los dueños o empresarios de las infraestructuras en que se celebren, los medios de comunicación a través de los que se difundan, los medios publicitarios y cualquier entidad que publicite de cualquier forma estas actividades”.

Con ello vemos que, no sólo será responsable el operador sino que los medios de comunicación o cualquier entidad que obtenga un beneficio puede ser responsable solidaria del pago de los impuestos.

Como vemos abajo, el impuesto sobre actividades de juego es distinto dependiendo de cada tipo de juego:

Cabe señalar que también se deberán pagar una serie de tasas, entre la que destacamos el pago de 38.000 Euros por la emisión de dictámenes técnicos de evaluación de conformidad de los sistemas de juego, el pago de 10.000 Euros por cada solicitud de licencia presentada y el pago de un 0,001% de los ingresos brutos de explotación obtenidos por los operadores.

Loterías estatales: La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (“LAE”) y la ONCE son los operadores designados para la comercialización de los juegos de loterías regulados en esta ley. Los juegos comercializados por la LAE y la ONCE podrán serlo mediante billetes, boletos, o en cualquier otra forma de participación cuyo soporte pueda ser material, informático, telemático, telefónico o interactivo. Los juegos de la LAE y la ONCE estarán exentos de IVA y tampoco deberán pagar la tasa del 0,001% sobre los ingresos brutos.

Mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 se transformó la LAE en una sociedad mercantil a cuyo capital social se aportó toda la rama de actividad relacionada con los juegos de ámbito estatal y todos los títulos necesarios para dicha actividad. Por otra parte, las funciones reguladoras del mercado del juego a nivel estatal, que anteriormente ejercía la LAE, han quedado atribuidas al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Comisión Nacional del Juego.

Por otra parte está previsto que un 30% del capital social de la nueva compañía SELAE sea privatizado mediante su salida a bolsa.

PLAZOS: Hay que ser consciente de que, ahora que la ley se ha aprobado, se debe ejecutar la división funcional de la LAE y la salida a bolsa de parte de la nueva compañía SELAE; se deben publicar los distintos reglamentos y órdenes que son absolutamente necesarios, se deben organizar los concursos para otorgar las licencias generales y luego las licencias singulares. El Gobierno español parece estar muy decidido a culminar este proceso antes de las elecciones generales previstas para los inicios del año 2012. Sin duda este es un momento clave para el sector del juego.

Xavier Muñoz Bellvehí

Abogado español

xmunoz@ecijalegal.com

Socio departamento de Juegos y Apuestas de ECIJA.

Last Saturday 28^th of May the Spanish Gaming Law 13/2011 was published on the Spanish Official Gazette (BOE). We now have the definite text, although we need to wait for the forthcoming statutory regulations, which will develop important parts of the law. Some of the main aspects pending to be regulated are the list of requirements for obtaining a gaming license, the detailed description of the types of games, the equipment homologation process and the technical requirements.

The law regulates the activities of lotteries, bets, raffles and gambling contests provided from Spain or from other countries as long as aimed to Spanish residents. The law establishes that these activities can be performed via physical presence or electronic means, including, for example, the internet, television, radio and mobile. It also regulates the advertising, promotion and sponsoring of these activities.

We explain below the main topics regulated in the Spanish Gaming Law:

Spanish licensing system: The offering of any gambling activity in Spain is subject to obtaining a prior license from the Comisión Nacional del Juego (“Spanish Gambling Commission”). The law foresees three types of licenses: General License, Singular License and Authorization.

·       General Licenses will be granted following a public tender process and these will authorize operators to offer some of the games classified within the categories of lotteries, bets, raffles, contests and other games. In principle, there is no limit in the number of General Licenses to be granted. However, once this public tender has taken place, no other licensing process will be conducted for the next two years. This is important, as any operator really willing to obtain one of these licenses should make its efforts to obtain it now, otherwise, it will have to wait at least for two years.

·       Singular Licenses can only be obtained by those operators who have previously obtained a General License. These will authorize operators to provide each particular game which needs to be within the frame of the category of game granted to the operator with the General License. The law does not yet provide the description of each particular game, which will be described with the forthcoming statutory regulations. 

·       Authorizations for occasional and sporadic gambling activities can also be obtained, however, the law does not yet describe which type of games will be included in this category.

Licenses obtained in other countries, whether from the EU or not, will not be valid in Spain.

Advertising and sponsoring: All advertising and sponsoring must be carried out by operators who have been duly licensed for gaming activities in Spain. Any other advertising is prohibited.

Any entity, publicity agency, TV and electronic service provider, media and communication company who publishes advertising or conducts any direct or indirect promotion of games must have previously checked within the relevant registry from the Spanish Gambling Commission that the operator offering such games holds the relevant license and that such particular publicity is allowed in the frame of its license.

The Spanish Gambling Commission has powers to request to the entities indicated above, the stopping, within 2 days, of any illegal advertising activity; notwithstanding the punishing file that may be opened against these companies. This aims to eradicate the offering of any games and bets, which do not count with the appropriate license. It may be difficult to fight those operators who offer these services to Spanish residents from the other side of the world. However, where adverts are placed with Spanish media companies to attract Spanish users, these Spanish companies are easily traceable and punishable should they accept illegal advertising or sponsorships.

Technical requirements: All gaming equipment, software, terminals and systems must be homologated by the Spanish Gambling Commission. This aspect is key since both, national and international operators shall adapt their platforms to comply with the necessary technical requirements. If the homologation affects the compliance with Spanish Data Protection Regulations a report on that particular aspect will be requested to the Spanish Data Protection Agency.

The equipments, systems and connections used will form the so called Gaming Central Unit. The operator must have a replica of this unit to assure continuity of the games in case of failure of the main central unit. The Spanish Gambling Commission will set out all the requirements that the Gaming Central Unit will need to comply with. In any case, it will need to assure the confidentiality, authenticity and integrity of the games, the identity of its participants and the control of all bets.

The Gaming Central Unit can be located outside Spain. The Spanish Gambling Commission must be able to access the Gaming Central Unit by secure connections allowing it to monitor such unit on real time and follow up the operator’s activities.

State and Autonomous Communities: The Spanish Gaming Law regulates those games which are played in more than one autonomous community and for which the state shall be responsible. For gambling and betting offers to be played only in the territory of one autonomous community, such community will be responsible, regardless of whether they have a physical or an online offer. If the offering is for an online game, players to such game shall be restricted to those with residence in such community.

When an operator applies to the state for a gaming license, it must also obtain a favourable report from the autonomous community where the operator is going to be located within Spain.

Taxes collected from state wide online gambling activities shall be distributed to the autonomous communities, in proportion to the amounts that the residents of each community have played.

Punishing regime: First of all, it is important to note that the Eight Transitional Provision of the Spanish Gaming Law states that the punishing regime set out in the law will not enter into force until the publication of the licenses tender process or the 1^st of January 2012, whichever comes first.

The law foresees that gaming operators will be responsible for any breach of the law, as well as any other companies which offer them support, publicity, promotion or which may obtain profits from the illegal gaming activities. This is a very wide definition, which may include any company which directly or indirectly participates in any way in the illegal gaming activity.

The Spanish Gambling Commission will be competent to start the relevant punishing procedures and impose the corresponding fines. Furthermore, other public bodies such as the media and TV regulator and bodies from the autonomous communities may also be competent depending on the type of breach.

Those infringements classified as light infringements can be punished with a fine of up to Euros 100,000. Those classified as gross infringements can be punished with a fine going from Euros 100,000 to 1 million and/or the suspension of the gaming activity for a 6 months period. Finally, those considered as very gross infringements can be punished with fines going from Euros 1 to 50 million and/or the loss of the license and the closure of any gaming activity.

It is expected that, once the gaming licenses are granted, the Spanish Gambling Commission will act with forcefulness against any operator, media company or intermediary who benefits from its participation in any type of illegal game. It should be noted that any type of gambling activity not being under the umbrella of a Spanish license shall be illegal in Spain.

Tax regime: Individuals or companies which organise and develop the gaming activities are the ones subject to the payment of the gambling taxes. The law also states that other entities may be held jointly responsible for the payment of taxes in case they have not duly checked that the gaming operator with whom they work holds the relevant license. These jointly responsible entities can be the owners or entrepreneurs of the infrastructures, the information service providers, those who offer gambling activities to Spanish residents and those who obtain profits from the gambling activities.

This shows that not only the operator will be held accountable and that any other company contracting with the operator must ensure that the operator holds the appropriate gaming license.

The gaming tax varies depending on each type of game as we can see below:

It shall also be noted that a yearly tax of 0.001% on the gross income of the operator will also need to be paid by all operators in the market.

Furthermore, a payment of Euros 38,000 will be requested for the undertaking and issuance of the equipment technical tests and homologation and a payment of Euros 10,000 for each license application submitted.

State lotteries: The state company of lotteries and bets, LAE, and the national blind association, ONCE, are the operators appointed for the commercialisation of the national lottery games. The games that the LAE and ONCE commercialise could be by means of tickets, or though any other electronic, telephone or interactive means. LAE and ONCE’s games will be exempt of VAT and will not have to pay the tax of 0.001% on annual gross income.

By means of the 2011 Annual Budget Law, LAE was transformed into a private company and a 30% of the share capital of this company is expected to be floated in the Spanish stock market within the next months. Before the liberalization of this industry in Spain, LAE was the state operator and the regulator for the Spanish gaming market. However, in accordance to the new Spanish Gaming Law, the Spanish Gambling Commission will now be the regulator and LAE will become an operator in the market.

Timeframes: The approval of this law has been the crucial first step for the liberalization of this market in Spain. However, many statutory regulations are still pending and the public tender for the licenses needs to be organized. It is very important to follow up on these pending regulations since these are going to define very important aspects and set the final shape of this market. The Spanish Government seems very determined to conclude this process before the next Spanish General Elections, which will take place at the beginning of year 2012.

This is undoubtedly a crucial time for the Spanish gaming sector.

Xavier Muñoz Bellvehí

xmunoz@ecijalegal.com

Spanish lawyer,

Partner ECIJA Gaming & Betting

Para tener esta certeza los operadores deberán esperar a que se vayan publicando los sucesivos reglamentos y órdenes previstos en desarrollo de la Ley y a que se organice el primer concurso para las licencias generales. Estos reglamentos y órdenes deben concretar muchos aspectos de gran relevancia, como los requisitos para obtener una licencia, cada tipo de juego y sus reglas, las formas de publicidad permitidas, etc.

Por el momento, con el texto de la Ley y su lectura entrelineas, ya podemos conocer, y en algunos casos presumir, la dirección que ha adoptado el Gobierno en varias materias.

La Ley prevé las actividades de juego de loterías, apuestas, rifas, concursos y otros juegos. Como “otros juegos” la Ley ya prevé el póquer y la ruleta y se espera que otros juegos (como el Bingo) se vayan añadiendo bajo este concepto. Con la solicitud de las licencias singulares los operadores podrán solicitar la regulación de juegos concretos que no estén previstos en la Ley. Entendemos que esta será la forma de ir autorizando nuevos juegos, evolucionando los existentes y, en definitiva, permitiendo cierta flexibilidad a la Ley y dinamismo al mercado.

Es importante tener en cuenta que los concursos de “Call TV” en los que se participa con llamadas o mensajes SMS de tarificación adicional también quedan sujetos a la Ley y a la obtención de una licencia. Esto es un gran cambio para estas compañías. Hasta ahora las autorizaciones necesarias para estos concursos eran relativamente sencillas de obtener y en algunos casos incluso se podía interpretar que no eran necesarias. 

Mediante un procedimiento de concurso público, se otorgarán el primer tipo de licencias, llamadas licencias generales. Ésta licencia habilitará al operador para ofrecer aquellos juegos que estén dentro de la modalidad genérica de juegos solicitada (loterías o apuestas o rifas o concursos u otros). En segundo lugar, habrá que bajar a lo concreto y obtener una licencia singular que autorice al operador para cada juego en concreto, el cual deberá estar regulado por orden y estar dentro del marco de la licencia general que ya tiene el operador. En cuanto a las licencias, no se prevé un número limitado, no obstante, el gran interrogante es si los requisitos que se van a fijar (como el capital social mínimo o la fianza necesaria), van a ser asumibles. Lo más probable es que no obtenga una licencia quien quiera sino quien pueda.

En cuanto a la publicidad se prevé que ésta se pueda realizar mediante la inclusión de anuncios en medios publicitarios y de comunicación, mediante el patrocinio deportivo, la inserción en vallas publicitarias de los campos y otras formas que vendrán reguladas en el futuro reglamento.

En el caso de realizar publicidad de algún operador que no tenga autorización, la Comisión Nacional del Juego podrá requerir a la agencia de publicidad o medio de comunicación para que cese la publicidad en el plazo de 2 días, sin perjuicio del expediente sancionador que pueda iniciar contra dicho medio. Después de los años de ilegalidad o alegalidad del juego online, donde todo ha estado permitido, creemos que ahora la Comisión va a ser muy estricta en este aspecto y en cualquier otro necesario para asegurar que no exista una oferta de juego ilegal en España.

El operador debe tener una unidad central de juego que puede estar fuera de España; no obstante, será monitorizada desde España por la Comisión Nacional del Juego. El software utilizado, equipos, sistemas, terminales y otros instrumentos utilizados por los operadores deberán ser homologados y certificados por la Comisión. Este aspecto es fundamental dado que, tanto operadores nacionales como internacionales, deberán adaptar sus plataformas para cumplir con los requisitos técnicos exigidos.

En cuanto a la responsabilidad por el pago de los impuestos la Ley establece que serán responsables solidarios “quienes ofrezcan, por cualquier medio, actividades de juego a personas con residencia fiscal en España, así como quienes obtengan beneficios por el desarrollo del juego”. En primer lugar, en cuanto a “quienes ofrezcan, por cualquier medio, actividades de juego”, en esta descripción quedarían incluidos tanto los operadores nacionales como extranjeros con o sin licencia, es decir, cualquiera que ofrezca actividades de juego, de forma legal o ilegal estará sujeto al pago del impuesto. Obviamente, si se ofrece de forma ilegal, además corresponderá una sanción y la clausura de la actividad.

En segundo lugar, en cuanto a “quienes obtengan beneficios por el desarrollo del juego”, para evitar dicha responsabilidad solidaria éstos tendrán que haber “constatado que los operadores celebran u organizan dichas actividades de juego con los necesarios títulos habilitantes”. El ámbito de personas y compañías que puede considerarse que “obtengan beneficios” puede ser ilimitado (compañías de publicidad, medios de comunicación, desarrolladores de software, abogados, auditores, trabajadores, proveedores de suministros y servicios, la mujer de la limpieza). Creo que esta forma universal de convertir en responsable solidario del impuesto a cualquiera que intervenga en la cadena de valor para la oferta del juego se extralimita y espero que se delimite mejor en los futuros reglamentos. Por otra parte, estas personas pueden llegar a comprobar que un operador tenga un título habilitante de juego pero no se les puede exigir que sean los “necesarios títulos habilitantes”. Me explico: en este sector, al igual que en otros, habrá unos primeros años de incertidumbre y dudas sobre la forma de ofrecer ciertos juegos, sobre si una determinada modalidad o actividad o publicidad queda o no incluida en la licencia general o singular que se ha obtenido. Con el tiempo se irán fijando los límites pero al inicio, y con la evolución del mercado con nuevos juegos y actividades, muchas veces estos límites no serán nítidos. Podría ser que un operador con licencia estuviera ofreciendo un juego que la Comisión considerada que no está cubierto por su licencia y, por tanto, sin el título habilitante necesario. No se puede exigir a terceros proveedores que realicen este tipo de comprobaciones y menos a todos ellos, es decir, a cualquiera que “obtenga beneficios”.

En cualquier caso hay que celebrar la publicación de la Ley, con sus aciertos y errores; y en cuanto a estos últimos esperar que se vayan mitigando con los futuros reglamentos y con el texto específico regulador de cada licencia.

The ECIJA and Awedacity conference ‘Online Gaming in Spain - a regulatory update’ took place on 18 April in Madrid. This was the first international conference at which national and European sector experts offered in-depth analysis of the new gaming regulation in Spain and its impact on the industry. Xavier Muñoz, partner of gaming and betting at ECIJA, chaired the conference.

More than 70 representatives from the main online gaming operators in Europe attended the conference. They were joined by representatives of Spain, Malta and Alderney regulators and specialist attorneys in gaming for the UK, Italy and France.

The conference began with a debate on ‘the first draft of the game online in Spain’ where Muñoz introduced the panel who presented the high priority issues to be discussed by the Senate. They emphasised the tax regime, where it was advised that ‘most of gaming maintains a type of 25%, a very high percentage that will drive operators away’. Another high priority issue for discussion was the need to define ‘the game catalogue’.

Fernando Prats, director general of taxation and gaming, autonomous government of Madrid, offered a detailed assessment on the new Gaming Bill and the amendments approved by Congress. Prats also emphasised the need ‘to develop a cooperation framework between the different CC.AA in the matter of regulation policies for gaming, […], and establish an appropriate tax regime’. With regard to the issues that the new law will ban, Prats stressed that ‘[the new Law] does not contemplate a ban to the user located in Spain to connect to a foreign operator webpage that offers its services to the Internet audience worldwide’.

With respect to the publicity and sports sponsorship regulation, Prats commented that ‘the Law clearly states that publicity is authorised’. He emphasised, however, that ‘the regulator would have to be more specific on the formal application of the advertising regime‘, and encourage the interested companies to ask the regulator for clarification on the subject. In relation to sport sponsorships, Prats pointed out that ‘the terms of contracts will remain in force until the pertinent licences are granted’. He also said: ‘the sponsorship contracts are private contracts, and therefore their application shall be subject to any imperative regulation of public order such as the advertising regulation.’ In this sense he reiterated that ‘the Law should be more specific on that matter’.

Prats stated that another of the most discussed topics of the new Gaming Bill has been, ‘the granting licence system and its limitation’. He explained that: ’the new Law has suppressed the tender favor of a competition procedure, which has been a good advance’. He went on to say, ‘the Law has anticipated that the licences are granted by a period of ten years extendable, and probably without limit for all those operators that apply for licences and comply with the established requirements’.

As far as the timing of the licences, Alfredo González Echarren, director of security policy, autonomous government of Navarra, agreed with Prats that it ‘is not going to be a fast–track issue, although the people in charge affirm that licences will be available to end of this year’, because ‘neither the Council of Gaming Policies or organs to articulate these licences have not been formed yet.’ Sacha Michaud, president of the AEDAPI, however, defended that ‘the best way we can help is by showing the regulator how our industry in the regulatory scope of the European Communities works’.

The panel also tackled the issues around ‘Lotteries and Bets of Estado (LAE), ONCE and their position in this Law’, Prats and Echarren argued that under the new law, the public operators that exclusively hold the commercialisation of lotteries and quinielas in Spain ‘are going to be able to commercialise other games’. They commented that from the CC.AA position it has been requested that both shall be under the same rules as the rest of the operators. Finally, Michaud emphasised that: ‘LAE will be, without a doubt, a very tough competitor in other games’.

During the second panel, with regard to the operator’s perspective of the present market conditions, Michaud expressed the sector’s concern on ‘the advertising standards to compete in regulated markets’ and ‘requirements imposed to users for their online registry in betting houses that may suppose a burden in the use of these portals’. He also defended ‘the creation of an attractive regulating framework for companies’, with an appropriate tax regime that enable them to be profitable, and without limiting licences and products, to ensure that consumers and users can have attractive products’. On the other hand, Eduardo Losilla, chief executive of Quinielista.com, emphasised the legal standpoint of collaborating organisations to the commercial network of LAE that have also been selling  online for many years with the LAE’s knowledge. In its opinion this is ‘another pending activity to clarify in the new Law’. 

In the third panel, dedicated to media, financial organisations and telecom companies, Manuel de la Fuente, Director of Digital Publicity of Mundo Deportivo, explained that the mass media have been organised through the AEDE to communicate their message to the government with respect to the scope of application of the new law. He expressed that there is uncertainty in the sector regarding: ’the licences’ scope as far as advertising’.

The fourth session was dedicated to the creation of an appropriate tax regime for online gaming. Javier Gomez, head of tax at ECIJA, clarified that in the last approved amendments, the LAE, like a private company, shall pay taxes for those games that it does not hold exclusively. Heliodoro Giner, secretary general of the Spanish Association of Casinos, pleaded for ‘the advancement towards a harmonized tax system for the entire sector’. Andres Baez, professor of financial and tax law at Universidad Carlos III de Madrid, denounced ‘the lack of homogeneity regarding tax aids’.

The penultimate session was dedicated to technical requirements, homologation of hardware and the security requirements and certifications that the new regulation demands. Guillermo Rodriguez, manager of IT risk at Deloitte, emphasised the need ‘to create a legislation that establishes a standard management system’ and explained that it ‘is currently under assessment which of the present homologations of the CC.AA can be extrapolated to the new regulation’. Rodriguez also emphasised that it would be desirable that ’the Law establishes a comprehensive security framework’ to guarantee that security incidents are minimised. Alexia Smilovic, business development representative at TST GLI Europe, pointed out that it ‘is necessary to ensure that the game is always fair to the player’.

The final session was dedicated to a discussion on compared law, conducted by Gayle Kimberley, representative of legal manager for the Lotteries & Gaming Authority in Malta, Robin Le Prevost, e-commerce director of Alderney eGambling, Joerg Hofmann, partner with Melchers and Nick Nocton, partner with Jeffrey Green & Russell. Gayle stated that in Malta, ‘we think that the laws must be as neutral as possible to avoid having to amend the legislation, also we considered that it is essential to maintain an open jurisdiction, and to reduce the duplicities for the operators’. For Le Prevost, ‘Contrary to the English, should the tax regime be wrong, the Spanish players, will choose to go to other operators, although they are not regulated’. Nocton also pointed out that: ‘the tax impact for the operators, is crucial, if you tax too much the operators lose interest and other operators are going to offer the gaming services in an illegal form’. Hofmann emphasised that ‘a unique licence cannot reflect the realities of each country, in spite of this the operators must be united to decide a series common standards for the industry, for example in the matter of security’.

Muñoz closed the conference. He insisted that the new regulation should get right the key questions that the sector demands. These issues include an open licence system that should be not excessively bureaucratic, a balanced taxation, assumable technical requirements and a catalog of games that allow that operators to offer attractive games and bets for users.   

Xavier Muñoz, Spanish lawyer, gaming and betting. ECIJA 

El Proyecto de Ley del Juego prevé que la actividad de juegos y apuestas online quede sujeta a la obtención de una licencia otorgada por la Comisión Nacional del Juego. Aclara también que las licencias obtenidas en otros países no serán válidas para operar en España.

Mediante un procedimiento de concurso publico, se otorgaran el primer tipo de licencias, llamadas licencias generales. Éstas habilitarán a los operadores para ofrecer las distintas modalidades de juego, como son las loterías, apuestas, rifas y concursos. Según se desprende de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de la Ley del Juego, el Gobierno prevé que sean 10 los operadores que se presenten al concurso público para obtener este tipo de licencias. No obstante, prevé otorgar sólo cinco licencias de este tipo.

Los cinco operadores que obtengan una licencia general podrán obtener las llamadas licencias singulares. En la Memoria sobre la Ley del Juego indicada, se prevé que estas licencias singulares puedan otorgarse para una lista concreta de juegos, como son:

-       Las apuestas deportivas mutuas;

-       Las apuestas deportivas de contrapartida:

-       Las apuestas deportivas cruzadas;

-       Las apuestas hípicas mutuas;

-       Las apuestas hípicas de contrapartida;

-       Otras apuestas mutuas;

-       Otras apuestas de contrapartida;

-       Las rifas.

-       Los concursos.

-       Otros juegos.

La estimación del Gobierno es que cada uno de los operadores que hayan obtenido una licencia general solicite cinco licencias singulares para realizar cinco de las actividades indicadas.

Mediante un procedimiento aparte y sin concurso público, existe también la posibilidad de solicitar una autorización previa para actividades de juego de carácter ocasional y esporádico, previsiblemente para una duración inferior a un año.

Ante este esquema de licencias y las previsiones del Gobierno, a todos nos viene a la cabeza: ¿quienes serán los cinco afortunados?. Sin perjuicio de los pliegos de bases que en su momento se publiquen y del cumplimento de los requisitos exigidos, ¿que aspectos primarán en el Gobierno en el otorgamiento de estas licencias?; ¿Habrá una penalización o un reconocimiento para aquellas casas de juegos y apuestas online que llevan años ofreciendo su oferta de juegos en España de forma alegal o ilegal?; ¿Se valorará positivamente la capacidad y voluntad de las casas de apuestas de invertir cantidades millonarias – como han demostrado- en publicidad y patrocinios en medios y clubes deportivos españoles?. Sin duda a los medios de comunicación y a los clubes no les vendría nada mal un aumento en sus ingresos por estos conceptos o, por el contrario, que al menos que no se vean reducidos. ¿Y qué consideración se va a tener con los operadores tradicionales de juego presencial españoles (casinos, bingos, máquinas tragaperras)?. Operadores que durante años han tenido que cumplir estrictos controles y altos impuestos, fuertemente implantados en el territorio y gravemente afectados por la situación irregular del juego online en los últimos años. Operadores que, sin duda, ven claro que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, que el juego online ya está aquí y que ha venido para quedarse.

El sector del juego está revuelto y de la respuesta a éstas y otras preguntas van a salir los afortunados adjudicatarios de las cinco licencias. ¡Que la suerte os acompañe!

Xavier Muñoz, abogado español, juegos y apuestas, ECIJA

La Ley aborda una regulación amplia de este sector, aunque a continuación analizaremos sólo aquellas cuestiones más controvertidas y que sin duda van a generar un duro debate en sede parlamentaria:

Actividad sujeta a licencia española: La actividad de juegos quedará sujeta a licencia previa otorgada por la Comisión Nacional del Juego y las licencias obtenidas en otros países no serán válidas en España. Mediante un procedimiento de concurso público, se otorgaran las licencias generales que autorizarán cada modalidad de juego en general (loterías, apuestas, rifas, concursos). La Ley prevé que se pueda limitar el número de estas licencias y parece que el gobierno está pensando en otorgar sólo 5 licencias generales. Una vez obtenida la licencia general, el operador deberá obtener una licencia singular para autorizar cada tipo de juego en concreto que desee organizar dentro del marco de la licencia general previamente obtenida. Parece que el Gobierno estima otorgar 25 licencias singulares repartidas entre los 5 operadores que tengan licencia general.

Existe también la posibilidad de solicitar una autorización previa para actividades de juego de carácter ocasional y esporádico.

Publicidad y patrocino: Se prohíbe la publicidad de cualquier actividad de juego de un operador que no cuente con licencia en España. La Comisión Nacional del Juego podrá requerir a cualquier agencia de publicidad, operador audiovisual, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información (sitio web) para que cese su actividad de publicidad en el plazo de 2 días, sin perjuicio del expediente sancionador que pueda iniciar al respecto. Esta medida va encaminada a erradicar la oferta de cualquier juego y apuesta online o por otros medios, que no cuente con la licencia correspondiente. Puede ser difícil combatir a aquellos operadores que ofrezcan estos servicios a residentes españoles desde el otro extremo del mundo; no obstante, los medios de comunicación donde se tienen que publicitar para atraer a los usuarios españoles están en España y, por tanto, fácilmente localizables y sancionables si aceptan publicidad o patrocinios ilegales.

Es muy significativo ver como la Ley prevé que los patrocinios deportivos de los clubes de fútbol y otras entidades firmados antes del 1 de enero de 2011 podrán seguir en vigor hasta la resolución del primer concurso de licencias sobre las actividades de juego. Ello significa que si una casa de apuestas no gana uno de esos concursos y, por tanto, no tiene licencia, deberá abandonar el patrocinio. Hasta ahora las casas de apuestas han estado patrocinando entidades deportivas con toda libertad, aún cuando dicha actividad estaba prohibida. Parece lógico que una vez se otorguen las licencias, el Gobierno sea extremadamente estricto en impedir que casas de apuestas sin licencia continúen ofreciendo sus servicios a residentes españoles. De otro modo, no tendría ningún sentido tener que cumplir los requisitos, costes e impuestos de una licencia si otros operadores pudieran prestar los mismos servicios sin ella.

Unidad Central de Juegos: El operador debe tener una unidad central de juego que puede estar fuera de España; no obstante, debe poder ser monitorizada desde España por la Comisión Nacional del Juego. Asimismo, ésta debe poder acceder a la unidad central de juego por conexiones seguras en tiempo real que le permitan un control y seguimiento de las actividades del operador. El software utilizado, equipos, sistemas, terminales y otros instrumentos utilizados por los operadores deberán ser homologados y certificados en España. Este aspecto es fundamental dado que tanto operadores nacionales como internacionales deberán adaptar sus plataformas para cumplir con los requisitos técnicos exigidos.

Relación Estado – Comunidades Autónomas: La Ley del Juego regula aquellos juegos que se celebren en más de una Comunidad Autónoma y para los cuales será competente el Estado. Para los juegos y apuestas celebrados en el territorio de una Comunidad Autónoma ésta será la única competente, tanto si éstos son presenciales como online.

Cuando un operador solicite una licencia de juego al Estado, éste deberá requerir un informe a la Comunidad Autónoma donde el operador vaya a tener su domicilio social.

La recaudación obtenida por los impuestos sobre el juego online se distribuirá a las Comunidades Autónomas, en proporción a las cantidades jugadas por los residentes de cada Comunidad.

Régimen sancionador: La definición de las personas o entidades que pueden ser objeto de una sanción administrativa por infringir la regulación del juego es muy amplia. Básicamente son todas aquellas que organicen, soporten, publiciten, promocionen u obtengan beneficios de una actividad de juego que infrinja la normativa. Es importante tener en cuenta que la sanción para una infracción leve puede ser de hasta 100.000 Euros; para una de grave de 100.000 a 1 millón de euros y para una infracción muy grave de 1 millón a 50 millones de euros. Es previsible que cuando la normativa esté aprobada y se empiecen a otorgar licencias de juego, la Comisión Nacional del Juego actúe con contundencia contra cualquier operador, medio de comunicación o intermediario que obtenga beneficio de su participación en cualquier tipo de juego ilegal. Recordemos que cualquier tipo de juego que no cuente con una licencia otorgada en España será ilegal.

Régimen fiscal: Serán sujetos pasivos de los impuestos del juego las personas o compañías que organicen o desarrollen las actividades gravadas por el impuesto. Serán responsables solidarios del impuesto “los dueños o empresarios de las infraestructuras en que se celebren, los medios de comunicación a través de los que se difundan, los medios publicitarios y cualquier entidad que publicite de cualquier forma estas actividades”. En el caso de juego transfronterizo serán responsables solidarios del pago de los impuestos “quienes ofrezcan, por cualquier medio, actividades de juego a personas con domicilio fiscal en España o quienes obtengan beneficios por el desarrollo del juego.” Con ello vemos que, no sólo será responsable el operador sino que los medios de comunicación o cualquier entidad que obtenga un beneficio puede ser responsable solidaria del pago de los impuestos. Con lo cual, cualquier medio de comunicación que acepte publicidad u otras colaboraciones con las casas de juegos y apuestas deberá asegurarse de que éstas cumplan con toda la normativa y pago de impuestos, para que estos impuestos no les puedan ser exigidos a ellos.

La Ley del Juego prevé que la base imponible puedan ser los ingresos brutos (el drop en terminología anglosajona), es decir, el total de cantidades apostadas o los ingresos netos (el win), es decir, el total de las cantidades apostadas menos el total de los premios repartidos.

En cuanto a las apuestas, el Proyecto de Ley actualmente en las Cortes, prevé que para las apuestas mutuas (como la Quiniela) se pague un 22% sobre los ingresos brutos. En cambio para las apuestas de contrapartida (tipo Bwin, Unibet, etc.) o las apuestas cruzadas (como el sistema de Betfair) se pagará un 25% sobre los ingresos netos. Para las rifas y concursos se prevé un impuesto del 20% sobre los ingresos brutos. Se prevé asimismo que las Comunidades Autónomas tengan la facultad de aumentar todos los impuestos en un 20% para los operadores que estén en su territorio.

Un cambio significativo y bien recibido por el sector ha sido que para las apuestas de contrapartida y cruzadas (las habituales en las apuestas online) los impuestos se apliquen sobre la base de los ingresos netos. No obstante el tipo del 25% sigue siendo muy gravoso pudiendo provocar que a los operadores internacionales no les interese entrar en el mercado español y que jugadores españoles intenten jugar con portales de apuestas extranjeros, los cuales, al tener menos carga fiscal, les podrán ofrecer mayores premios. No obstante, recordemos que todos aquellos que publiciten u obtengan algún beneficio del juego ofrecido por operadores sin licencia en España se exponen a sanciones muy elevadas. Los impuestos del juego deberán declararse y liquidarse trimestralmente.

Cabe señalar que también se deberán pagar una serie de tasas, entre la que destacamos el pago de 38.000 Euros por la emisión de dictámenes técnicos de evaluación de conformidad de los sistemas de juego, el pago de 10.000 Euros por cada solicitud de licencia y el pago de un 0,001% de los ingresos brutos de explotación obtenidos por los operadores.

Loterías estatales: La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (“LAE”) y la ONCE son los operadores designados para la comercialización de los juegos de loterías regulados en esta ley. Los juegos comercializados por la LAE y la ONCE podrán serlo mediante billetes, boletos, o en cualquier otra forma de participación cuyo soporte pueda ser material, informático, telemático, telefónico o interactivo. Los juegos de la LAE y la ONCE estarán exentos de IVA y tampoco deberán pagar la tasa del 0,001% sobre los ingresos brutos.

Mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 se transformó la LAE en una sociedad mercantil a cuyo capital social se aportó toda la rama de actividad relacionada con los juegos de ámbito estatal y todos los títulos necesarios para dicha actividad. Asimismo, en dicha norma se asumió el compromiso de que antes del 31 de marzo de 2011 se aprobarían los estatutos sociales de la LAE y se designaría a su órgano de administración. Por otra parte, quedarán atribuidas al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Comisión Nacional del Juego, las competencias relacionadas con el ejercicio de las funciones reguladoras del mercado del juego a nivel estatal.

Una vez se haya efectuado esta separación funcional, un 30% del capital social de la nueva compañía LAE será privatizado, previsiblemente mediante su salida a bolsa. El Gobierno actual quiere concluir este proceso durante su legislatura que termina en el año 2012 y, por tanto, este proceso se va a realizar en los próximos meses.

Asignación al deporte: La Ley del Juego prevé que sea la Ley del Deporte Profesional la que fije el porcentaje de la recaudación de las apuestas que deba pagarse a los organizadores de los eventos deportivos. En este caso, uno de los más afectados es la Liga de Fútbol Profesional que, como sabemos, está activamente interviniendo en el desarrollo de la Ley del Juego para conseguir que sea en esta misma ley donde se regule el porcentaje que le corresponda como organizador de los campeonatos de fútbol.

Régimen transitorio: Hay que ser consciente de que, una vez se apruebe la Ley del Juego, se debe ejecutar la división funcional de la LAE y la salida a bolsa de parte de la nueva compañía LAE; se deben organizar los concursos para otorgar las licencias generales y luego las licencias singulares. Asimismo, se deberán aprobar los múltiples reglamentos y órdenes de desarrollo que la misma ley prevé. Así, el proceso ahora iniciado será largo y podemos estimar que durará unos 2 o 3 años hasta que se consiga tener un sector del juego online estable y con seguridad jurídica. Asimismo, en medio de este proceso habrá unas elecciones generales y si hubiera un cambio de Gobierno esto también podría suponer cambios en la dirección tomada.  

Sin duda este es un momento clave para el sector del juego y muy concretamente del juego y apuestas online. Del resultado de este proceso saldrán unos ganadores que podrán explotar su actividad durante muchos años, aprovechándose de un sector con un alto crecimiento.

 Xavier Muñoz, abogado español, juegos y apuestas ECIJA.

Additionally to other arguments which explain the growth of digital marketing, such as the shifts in the media landscape due to the changing of usage patterns, the development of new technologies, the expansion of broadband Internet connections and multimedia wireless devices (PDAs, Smartphones), or the opportunity for advertisers to reach millions of people on a global scale, the current circumstances makes cash-conscious companies to look for alternative tools to be more efficient in their marketing campaigns. In this respect, digital marketing offers compelling benefits, as marketers can more readily measure the results of Internet advertising than with traditional media, producing more efficient advertising and higher ROI.

The increase of online advertising, in search for more efficient campaigns, probably shares with the progress of Web 2.0 and Mobile 2.0 technologies, the main responsibility for the introduction of new formats and types of online advertising. All together, the increase of online campaigns, and the introduction of new formats (notwithstanding the challenges arising from the ‘more traditional’ online marketing campaigns) imply the arrival of new challenges in different fronts, including the legal one. New trends, new challenges.

From the legal point of view, online advertising campaigns (and each different online advertising format, product and service) raise particular issues that specialized lawyers must deal with, on a proactive basis. Serving this post as an introduction, in new posts I will analyze some of the most relevant legal issues arising from digital advertising and online marketing campaigns.

As an example, among others, we can highlight the following legal matters in relation to online advertising: providing compulsory legal information (e.g. pursuant to consumers protection regulations that forbid misleading or false advertising); complying with the particular advertising regime for certain products (such as gambling, alcohol, tobacco); gathering consent from consumers (in Spain and in the EU, in general, opt-in –previous consent- is required for sending commercial communications) and other personal data protection issues; dealing with intellectual property issues (e.g. trademarks rights versus contextualized ads, sponsored links and search engines –e.g. what to do against keyword spamming-; or inserting ads in user-generated content); defamation and viral marketing campaigns; co-location of ads in games and applications (product placement); legal issues arising from advertising analytics and audience measurement; dealing with click frauds; or defining the liability for each actor of a marketing campaign (advertisers, agencies, content/service providers, analytics companies and network operators).

Ignacio.Herreros@legallink.es

Además de otros argumentos que explican el crecimiento del marketing digital, tales como la transformación del sector de medios de comunicaciones, derivado de los cambios en los hábitos de consumo , el desarrollo de nuevas tecnologías, la expansión de las conexiones a Internet de banda ancha y de los dispositivos inalámbricos multimedia (PDA, Smartphones), o la oportunidad para los anunciantes de llegar a millones de personas a escala mundial, las circunstancias actuales hacen que las empresas, más conscientes hoy en día a la hora de realizar gastos, busquen herramientas alternativas para ser más eficientes en sus campañas de marketing. En este sentido, el marketing digital ofrece ventajas convincentes, tales como la posibilidad de medir más fácilmente los resultados de la publicidad, en comparación con los medios de comunicación tradicionales, generando publicidad más eficiente y un mayor retorno de la inversión.

El aumento de la publicidad online, en la búsqueda de campañas más eficientes, probablemente comparte con el avance de las tecnologías Web 2.0 y Móvil 2.0, la principal responsabilidad por la introducción de nuevos formatos y tipos de publicidad online. En conjunto, el aumento de las campañas online, y la introducción de nuevos formatos (sin perjuicio de los desafíos derivados de las campañas de publicidad online “más tradicionales”) implican la aparición de nuevos retos en diferentes frentes, incluido el jurídico. Nuevas tendencias, nuevos retos.

Desde el punto de vista jurídico, las campañas de publicidad online (y cada producto, servicio, tipo o formato de publicidad online) plantean cuestiones particulares que un abogado especializado debe revisar de forma proactiva. Sirviendo este post a modo de introducción, en nuevos posts analizaré en particular algunas de las cuestiones jurídicas más relevantes derivadas de la publicidad digital y las campañas de marketing online.

Como ejemplo, entre otros, podemos destacar las siguientes cuestiones jurídicas en torno a la publicidad online: la forma y momento de facilitar la información que se exige legalmente (por ejemplo, en virtud de la normativa de protección a los consumidores, que prohíbe la publicidad falsa o engañosa); cumplir con el régimen particular aplicable a la publicidad de determinados productos (por ejemplo, la publicidad de los juegos de azar, del alcohol, del tabaco); recoger el consentimiento de los consumidores (en España y en la UE, en general, se exige el consentimiento previo del destinatario –opt-in- para el envío de comunicaciones comerciales) y otras cuestiones relativas a la protección de datos personales; cuestiones relativas a la propiedad intelectual e industrial (por ejemplo, los derechos de marca registrada frente a los anuncios contextualizados, los enlaces patrocinados y los buscadores –por ejemplo, que hacer contra el “Keyword spamming”-; o la inclusión de anuncios en los contenidos generados por el usuario); la difamación y las campañas de marketing viral; el emplazamiento de anuncios en juegos y aplicaciones (“product placement”); las cuestiones jurídicas derivadas de la medición de audiencias y estadísticas de publicidad; como afrontar los clics fraudulentos; o como definir la responsabilidad de cada actor en una campaña de marketing (anunciantes, agencias,  prestadores de contenidos o servicios, servicios de medición de audiencias y operadores de telecomunicaciones).

Ignacio.Herreros@legallink.es

Parece ser que el sector privado y las grandes compañías que se están creando en este sector, especialmente operando a través de internet, no están dispuestas a aceptar los monopolios estatales en base a ninguno de los argumentos admitidos hasta ahora. No creen que el estado deba controlar lo que hacen los ciudadanos con su dinero, creen que ellas también pueden dedicar una parte de sus beneficios a acciones benéficas, creen que el estado fomenta el juego en sus loterías y juegos de apuestas igual que hacen ellas. Creen, en definitiva, que se trata de un sector de ocio, que se debe liberalizar y que no existe ninguna razón para mantener los privilegios del estado, aparte de sus intereses económicos. El Chief Executive Officer de una de estas multinacionales del juego recientemente explicaba en unas conferencias internacionales que su mujer se compraba unos zapatos nuevos cada semana. Ante su preocupación, ella le respondía “Darling, I love shoes”. No obstante la gravedad de la situación, afirmaba que no quisiera que el estado tuviera que regular cuantos zapatos se puede comprar su mujer al año. Igual como no quería que el estado decidiera si él puede apostar en un Real Madrid-Barça, comprar lotería alemana, jugar al poker o la ruleta por internet. Y no aceptaba ninguna de las justificaciones morales, proteccionistas e intervencionistas para negar la - según él - imparable liberalización de este lucrativo sector.

A nivel Europeo, las actividades de juego y apuestas no están incluidas en las directivas sobre el mercado interno. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas (TJCE) fue la que determinó que las actividades de juegos y apuestas se consideran una “prestación de servicios”. El principio de libre prestación de servicios entre los estados miembros de la Unión Europea no permite negar o discriminar a compañías de otro estado miembro en la prestación de sus servicios en España. Así pués, España está obligada a permitir la prestación de servicios de juegos de casinos y apuestas por internet ofrecidos por empresas con licencias en países o territorios de la Unión Europea como Gran Bretaña, Malta o Gibraltar. Existe una excepción a lo anterior y es que el Tratado de la Unión Europea permite que cualquier estado se pueda negar a la aceptación de dichos servicios en su territorio por razones de interés general como la protección de la infancia, la criminalidad o el fraude. No obstante, como ya ha fallado claramente el TJCE esto sólo es posible siempre que el estado que se acoge a dicha prohibición en base al interés general no esté fomentando y ampliando el juego en sus loterías, juegos y apuestas estatales o éstos estén controlados por empresas privadas nacionales. España fomenta estas actividades e incluso cuenta con la lotería del Gordo que es una de las mayores de toda Europa.

Finalmente, cabe repasar el batiburrillo español. En los años 2006 y 2007 las comunidades autónomas de Madrid y el País Vasco publican sendas normativas para conceder autorizaciones a empresas privadas para la instalación y explotación de casas de apuestas en todo el territorio de la comunidad. Al más puro estilo de los bookmakers de las calles inglesas. De hecho, William Hill y Ladbrokes son dos de las compañías que han obtenido algunas de estas licencias. A Diciembre de 2006, con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, se modifican ciertas normas para, en definitiva, considerar las actividades de ventas de boletos para juegos, loterías y apuestas por cualquier entidad nacional o extrajera como un delito de contrabando. Al mismo tiempo, durante el año 2007 se acuerdan dos grandes proyectos de casinos, uno en Ciudad Real inspirado en Don Quijote y un macro complejo de casinos al estilo de Las Vegas en Los Monegros aragoneses. Con todo ello, va quedando claro que el Estado Español no puede oponerse a la prestación de estos servicios por parte de operadores de estados miembros a través de internet con el argumento del “interés general”, cuando está fomentando estas actividades a nivel interno.

A Diciembre de 2007, mediante la Ley de Medidas para el Impulso de la Sociedad de la Información se aprueban los principios que deberán regir la futura normativa para regular este sector. Entre ellos se afirma que se van a regular los juegos y apuestas por internet, que el Estado será competente en la materia siempre que la actividad exceda al ámbito exclusivo de una comunidad autónoma, que se establecerá un sistema de distribución de impuestos entre el Estado y las CCAA en esta materia y que para el ejercicio de esta actividad será necesaria una autorización previa cuyas condiciones y requisitos quedan pendientes de determinar.

Así, aunque a Diciembre de 2006 se modificó la norma para considerar estas actividades como delito de contrabando, todo parece indicar que España va a ser uno de los siguientes países (después de Gran Bretaña, Australia y otros) en liberalizar este sector. Sin duda los operadores internacionales están muy atentos al desarrollo normativo teniendo en cuenta el suculento mercado que España representa donde se ha demostrado que existe una elevada tendencia y gasto en los juegos, loterías y apuestas.

It appears that the private sector and large corporations that are being created in this sector, especially those that operate on the internet, are not willing to accept the state run monopolies based on any of the arguments set forth up to now. They do not believe that the state should control the choices citizens make on how to spend their money. They also believe that they are capable of dedicating a portion of their earnings to socially beneficial causes just as the state does. Furthermore, they believe that the state promotes gambling in the lotteries and betting games just as much the companies. Finally, they believe that this is a leisure sector that should be liberalized and that there is no reason to maintain the privileges of the state, other than the state wanting to retain its economic interests. The Chief Executive Officer of one of these multinational gaming corporations recently explained in an international conference that his wife buys a new pair of shoes each week. When he asked her about this, her response was, “Darling, I love shoes.” Notwithstanding the gravity of the situation, he affirmed that he did not want the state to regulate the number of shoes his wife is able to buy each year. In the same way, he does not want the state to decide whether or not he is able to bet on the Real Madrid vs. Barcelona soccer match, or if he can purchase lottery tickets in Germany, play poker, or participate in a game of roulette over the internet. He did not accept the moral, protectionist and interventionist justifications for denying, in his opinion, the inevitable liberalization of this lucrative sector.

In Europe, gaming and betting activities are not included in the directives governing the internal market. The Court of Justice of the European Communities (“CJEC”) held that gaming and betting activities are considered as a “provision of services.” The principal of free provision of services between member countries of the EU does not permit the denying or discriminating of companies within one member state of the provision of services in Spain. This means that Spain is obligated to allow the provision of the service of casino games and betting over the internet when such services are being offered by companies that are licensed in countries or territories of the EU, such as Great Britain, Malta or Gibraltar. There is an exception in that the Treaty of the European Union permits any state to deny acceptance of such services in their territory for general interests, such as those related to criminality, fraud, or the protection of minors. However, the CJEC has clearly held that this exception is only possible when the state that prohibits such services on the basis of general interests is not promoting and expanding gaming through its lotteries, games, and state sponsored betting, or if these are controlled by private companies. Spain does promote these activities, and even counts on the “Gordo” lottery, which is one of the largest in Europe.

Spanish legislation in this area is quite a jumble of opposing ideas. In the years 2006 and 2007, the autonomous communities of Madrid and the Basque Country published rules to concede authorization to private companies for the installation and exploitation of betting houses in the territory of the respective community. In other words, more like the pure style of the bookmakers in England. In fact, William Hill and Ladbrokes are two of the companies that have obtained these licenses. In December of 2006, with the General Budget Law for the State for 2007, certain norms were modified so that the activities of selling lottery, betting, and gaming tickets by any national entity or any foreign entity would be considered as criminal contraband. At the same time, in 2007 two large casino projects were agreed to, one in Ciudad Real with a Don Quijote theme, and another in Los Monegros in the style of Las Vegas. All of this makes it clear that Spain cannot oppose the provision of these types of services by providers from other member states over the internet by using the argument of “general interest”; not while it is promoting these activities internally.

As of December 2007, by means of the Law on Measures to Stimulate the Information Society, the principals that should govern the future laws in this sector were set forth. These principals include the affirmation that gaming and betting over the internet would be regulated in the future, and that the state would have jurisdiction in this matter whenever the activity goes beyond the boundaries of one of the autonomous communities. The state will also establish a system of distributing the taxes generated by these activities between the state and the autonomous communities. Finally, to provide these types of services, it will be necessary to get prior authorization from the state, the conditions and requirements of which are yet to be determined.

Despite the fact that the in December of 2006 it was stated that these activities are to be considered criminal contraband, it appears that Spain will be one of the next countries to liberalize this sector. Without a doubt, the international operators are paying close attention to the legal developments, taking into account the potentially lucrative market that Spain represents, given the fact that history has shown elevated tendencies for its citizens to spend money on games, lotteries, and betting.