Nos encontramos ante un debate a nivel global con unos antecedentes históricos, intereses económicos y justificaciones bien diferenciados, en busca de unos objetivos distintos. Tradicionalmente y justificado por políticas proteccionistas del ciudadano, las actividades del juego (casino, bingos, máquinas recreativas, salones de juego), así como las de loterías y apuestas han sido explotadas en exclusiva por el estado o comunidades autónomas (loterías nacionales y autonómicas, la Quiniela …), o bien autorizadas bajo un número restringido de concesiones sujetas a un fuerte control administrativo y elevados impuestos (casinos, bingos). Otro de los argumentos para mantener el control del estado en estas actividades ha sido la reinversión de los beneficios en actividades benéficas, de lucha contra las adicciones, la formación de deportistas y otras.

Parece ser que el sector privado y las grandes compañías que se están creando en este sector, especialmente operando a través de internet, no están dispuestas a aceptar los monopolios estatales en base a ninguno de los argumentos admitidos hasta ahora. No creen que el estado deba controlar lo que hacen los ciudadanos con su dinero, creen que ellas también pueden dedicar una parte de sus beneficios a acciones benéficas, creen que el estado fomenta el juego en sus loterías y juegos de apuestas igual que hacen ellas. Creen, en definitiva, que se trata de un sector de ocio, que se debe liberalizar y que no existe ninguna razón para mantener los privilegios del estado, aparte de sus intereses económicos. El Chief Executive Officer de una de estas multinacionales del juego recientemente explicaba en unas conferencias internacionales que su mujer se compraba unos zapatos nuevos cada semana. Ante su preocupación, ella le respondía “Darling, I love shoes”. No obstante la gravedad de la situación, afirmaba que no quisiera que el estado tuviera que regular cuantos zapatos se puede comprar su mujer al año. Igual como no quería que el estado decidiera si él puede apostar en un Real Madrid-Barça, comprar lotería alemana, jugar al poker o la ruleta por internet. Y no aceptaba ninguna de las justificaciones morales, proteccionistas e intervencionistas para negar la - según él - imparable liberalización de este lucrativo sector.

A nivel Europeo, las actividades de juego y apuestas no están incluidas en las directivas sobre el mercado interno. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas (TJCE) fue la que determinó que las actividades de juegos y apuestas se consideran una “prestación de servicios”. El principio de libre prestación de servicios entre los estados miembros de la Unión Europea no permite negar o discriminar a compañías de otro estado miembro en la prestación de sus servicios en España. Así pués, España está obligada a permitir la prestación de servicios de juegos de casinos y apuestas por internet ofrecidos por empresas con licencias en países o territorios de la Unión Europea como Gran Bretaña, Malta o Gibraltar. Existe una excepción a lo anterior y es que el Tratado de la Unión Europea permite que cualquier estado se pueda negar a la aceptación de dichos servicios en su territorio por razones de interés general como la protección de la infancia, la criminalidad o el fraude. No obstante, como ya ha fallado claramente el TJCE esto sólo es posible siempre que el estado que se acoge a dicha prohibición en base al interés general no esté fomentando y ampliando el juego en sus loterías, juegos y apuestas estatales o éstos estén controlados por empresas privadas nacionales. España fomenta estas actividades e incluso cuenta con la lotería del Gordo que es una de las mayores de toda Europa.

Finalmente, cabe repasar el batiburrillo español. En los años 2006 y 2007 las comunidades autónomas de Madrid y el País Vasco publican sendas normativas para conceder autorizaciones a empresas privadas para la instalación y explotación de casas de apuestas en todo el territorio de la comunidad. Al más puro estilo de los bookmakers de las calles inglesas. De hecho, William Hill y Ladbrokes son dos de las compañías que han obtenido algunas de estas licencias. A Diciembre de 2006, con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, se modifican ciertas normas para, en definitiva, considerar las actividades de ventas de boletos para juegos, loterías y apuestas por cualquier entidad nacional o extrajera como un delito de contrabando. Al mismo tiempo, durante el año 2007 se acuerdan dos grandes proyectos de casinos, uno en Ciudad Real inspirado en Don Quijote y un macro complejo de casinos al estilo de Las Vegas en Los Monegros aragoneses. Con todo ello, va quedando claro que el Estado Español no puede oponerse a la prestación de estos servicios por parte de operadores de estados miembros a través de internet con el argumento del “interés general”, cuando está fomentando estas actividades a nivel interno.

A Diciembre de 2007, mediante la Ley de Medidas para el Impulso de la Sociedad de la Información se aprueban los principios que deberán regir la futura normativa para regular este sector. Entre ellos se afirma que se van a regular los juegos y apuestas por internet, que el Estado será competente en la materia siempre que la actividad exceda al ámbito exclusivo de una comunidad autónoma, que se establecerá un sistema de distribución de impuestos entre el Estado y las CCAA en esta materia y que para el ejercicio de esta actividad será necesaria una autorización previa cuyas condiciones y requisitos quedan pendientes de determinar.

Así, aunque a Diciembre de 2006 se modificó la norma para considerar estas actividades como delito de contrabando, todo parece indicar que España va a ser uno de los siguientes países (después de Gran Bretaña, Australia y otros) en liberalizar este sector. Sin duda los operadores internacionales están muy atentos al desarrollo normativo teniendo en cuenta el suculento mercado que España representa donde se ha demostrado que existe una elevada tendencia y gasto en los juegos, loterías y apuestas.

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